Hoy 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Días mundiales de diversos temas hay muchos, todos ellos respetables, pero sin duda este es uno de los que afecta a más ciudadanos, porque, como dijo Kennedy en el discurso que abrió este concepto, “Los consumidores son el grupo económico más grande, afectado por casi cada decisión económica privada y pública. No obstante, es el único grupo importante (…) cuyas opiniones a menudo no son escuchadas”.  Opiniones no escuchadas e intereses no defendidos suficientemente, podemos añadir.

 

Desde entonces se ha ido reconociendo el derecho de los ciudadanos como seres consumidores a productos y servicios seguros, a ser informados, a elegir y a ser escuchados.

 

Posteriormente, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Directrices de la ONU para la Protección de los Consumidores, declaración de derechos que hoy goza de reconocimiento internacional, ampliando el abanico de derechos y profundizando en su protección.

Y lógicamente la legislación española en esta materia se puso al nivel de la de los países más avanzados del mundo. Ya lo estaba con anterioridad a las Directrices de la ONU, pues la Constitución de 1978 en su artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, promoverán su información y educación y fomentarán sus organizaciones

En España, realmente, el Consumo nace con ocasión de los trágicos sucesos de 1981 con un envenenamiento masivo por la comercialización a particulares del aceite de colza industrial utilizado de forma fraudulenta, el llamado síndrome tóxico. A raíz de ello aparece la primera OMIC de España, en Albacete en 1983, y la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984, que tras las diversas reformas operadas por la incorporación de la normativa comunitaria se transforma en el Real Decreto Legislativo 1/2007.

 

Pero todo este esquema jurídico será inútil si no se materializa en hechos, si los ciudadanos no ven atendidos realmente esos derechos que se les reconoce. Porque tener razón es una cosa y que se la den a uno es otra.

 

Hoy en día los intereses y los problemas a los que se enfrenta el consumidor son muy amplios y superan con mucho los de salud pública de sus inicios. Hoy las cláusulas bancarias abusivas (cláusula suelo, gastos, vencimientos anticipados, etc.) que afectan a millones de españoles por cuantías muy importantes, los problemas de telefonía que tantos quebraderos de cabeza han dado, los suministros de luz y gas, las garantías, el transporte aéreo con sus cancelaciones y retrasos, las auténticas estafas de las ventas domiciliarias especialmente a las personas de más edad, el comercio electrónico por vendedores no siempre responsables o de difusa identificación que en cambio afecta a los más jóvenes y así un largo etcétera, sitúan al Consumidor frente a gigantes con los que enfrentarse no es fácil.

 

Pero el Consumidor, y hoy hay que decirlo claramente, no está solo. Cuenta con la ayuda de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, popularmente llamadas OMIC, que a lo largo de España ofrecen, desde un punto de vista público, gratuito, desinteresado y de inmejorable cualificación profesional, no solo el asesoramiento más completo, sino ayuda, apoyo y comprensión y una asistencia que siempre va más allá de ser una ventanilla.

 

Las OMIC o más bien los empleados de las OMIC son sin duda especiales, creen firmemente en su carácter de servicio público y se esfuerzan cada día en dar el apoyo más completo para que esos derechos que tan pomposamente se han proclamado sean una realidad para todos y en todo lugar.

 

Sin embargo, ellas mismas en ocasiones se han sentido en soledad. Las dudas legales pasadas sobre su naturaleza y casi existencia y su configuración en muchos casos unipersonal las ha puesto frente a esos gigantes y frente a un abanico de temas cada vez mayor. Porque la normativa de consumo no es el Real Decreto Legislativo 1/2007, sino que son todas y cada una de las cosas que constituyen los intereses de los ciudadanos. A los temas antes expuestos añadiríamos, y seguro que se identifican con ellos, los problemas de  reparaciones a domicilio, tintorerías, talleres, reservas vacacionales, rebajas, publicidad, etiquetado y así prácticamente todo lo que abarca la compleja vida actual.

 

Afortunadamente, desde hace 4 años, un movimiento espontáneo de sus trabajadores ha hecho que 300 de estas OMIC hayan aunado sus esfuerzos, sus dudas, sus problemas y sus soluciones y puedan afrontar con mayor formación, información y seguridad los retos de cada día. Los más beneficiados de ello son los Consumidores.

 

Hoy estas OMIC se han vuelto imprescindibles para muchos ciudadanos por la gran labor que desarrollan y, al mismo tiempo, molestas para ciertos organismos públicos y para las empresas, sobre todo para las grandes empresas, pues la OMIC defiende y protege al ciudadano de los abusos de estas empresas y saca los colores a algún organismo. Cierto es que ya sectores como el telefónico o el energético se han dado cuenta del potencial de las OMIC y han creado servicios específicos que facilitan las reclamaciones en beneficio de los consumidores. Esperemos que sean ahora los políticos quienes se conciencien de su beneficiosa labor.

 

Hoy es un buen día para celebrar un gran motivo. Por fin los consumidores pueden ver la realidad de unos derechos que les son reconocidos y defendidos, porque están más protegidos y porque en esto el tamaño no importa, cualquier ciudadano puede hacer frente a la más grande multinacional si le asiste la razón. Porque no está solo, tiene detrás no ya una, sino todas las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, las OMICSUnidas.